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| domingo, 25 de octubre de 2026 |
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Obras sociales en crisis casi terminal
Tras tres reuniones secretas con la CGT, el ministro Lugones no dio respuestas y el sistema sindical de salud se acerca al colapso.
Las alarmas se encendieron en la central obrera argentina: la situación financiera de las obras sociales sindicales se deteriora semana a semana, con cortes de prestaciones y dificultades de pago que obligan a los gremios a derivar fondos propios para sostener la cobertura médica. El problema es que esa medida de emergencia está empezando a comprometer el funcionamiento interno de los propios sindicatos.
Hace aproximadamente un mes, Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, encendió la mecha al comparar públicamente la situación actual con la crisis de los años 90, cuando la extracción de fondos sindicales para sostener las obras sociales terminó hundiendo a ambas estructuras al mismo tiempo. El dirigente advirtió que hoy la historia podría repetirse: los sindicatos están vaciando sus propias cajas para tapar el agujero de salud, poniendo en riesgo escuelas, campings, cooperadoras e instalaciones que también forman parte del patrimonio gremial.
Llegó incluso a plantear una solución tan extrema como simbólica: entregarle las llaves de las obras sociales al ministro de Salud, Mario Lugones, para que las administre él directamente. Nadie lo toma en serio como propuesta concreta, pero el gesto revela la desesperación del sector ante la falta de respuestas oficiales.
Según dirigentes cegetistas, se realizaron tres reuniones reservadas con Lugones en la sede de la UOCRA, e incluidas las iniciativas presentadas por la central obrera para superar la crisis, sin obtener ninguna respuesta concreta. Especialistas vinculados a la CGT califican la situación de "casi terminal".
Tras el último encuentro, celebrado a fines de septiembre, el panorama empeoró. Alrededor del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución —que se financia con aportes de trabajadores e empleadores— se destina hoy a prestaciones por discapacidad. Ese gasto ronda el millón de pesos por afiliado en promedio e implica unos 160 mil millones de pesos mensuales, lo que deja un margen mínimo para reintegrar gastos de alta complejidad e insumos costosos a las obras sociales.
El crecimiento de este rubro es alarmante: en 2017 representaba el 22% del Fondo Solidario; en 2019 había trepado al 37%, luego al 50%, e hoy se acerca al 90%. Uno de los reclamos de la CGT es que los gastos en transporte e educación vinculados a personas con discapacidad sean absorbidos por las áreas estatales correspondientes. Se trata de una demanda que ya se había formulado durante la gestión de Alberto Fernández, también sin éxito.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud e actual asesor de la CGT, describió la situación con crudeza: el modelo argentino de salud se financia a través de aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, combinada con el aumento exponencial del gasto médico, genera una presión insostenible. Cuando las obras sociales no pueden afrontar los costos, los casos terminan en la Justicia. "Es una olla a presión", definió.
Un informe interno elaborado por la central obrera aporta datos concretos: más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones que exige el Programa Médico Obligatorio. El sistema destina el 9% del salario a cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%, una brecha que el sistema ya no puede sostener sin intervención estatal.
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